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Los pueblos de los valles Calchaquíes luchan contra la contaminación.

Los pueblos de los valles calchaquíes les han declarado la guerra a la contaminación ambiental y a la violación de todos los derechos por parte de la compañía minera Bajo la Lumbrera, sumados a organizaciones y auto convocados de la región con quienes comparten una misma realidad. Por Marcela López Perdomo, Historiadora.

Montañas Calchaquíes.

Pedido de justicia. La disputa de la comunidad y los ambientalistas con La Alumbrera tiene larga data. El pedido fue hecho ante el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gómez, quien acusó a Patricio Rodney, representante legal y corporativo, a la vez que vicepresidente de La Alumbrera por “contaminación peligrosa”, un delito previsto y penado por el artículo 55 de la ley 24.051. El juez decidió procesarlo y, segÝn confirmó Miradas al Sur (diario), esa causa judicial le impidió recibir un crédito millonario del Banco Interamericano de Desarrollo a la Alumbrera.

Las razones del reclamo de la comunidad y tramitados por el fiscal Gomes fueron por “violación a los derechos de permanecer en un ambiente sano”, así como la consulta previa “al territorio de la nación diaguita, por el peligro que representa el constante transito de sustancias tóxicas, vulnerando y poniendo en peligro las economías de subsistencia, la destrucción sistemática de los sistemas y alteración en el hábitat, el uso indiscriminada del agua disminuyendo los caudales de ríos, contaminado acuíferos y cuencas”, también la “contaminación por consecuencia de las explotaciones en área de mina, ocasionando nubes de polvo en toda la región provocando daños irreversibles e irreparables en la salud de la población, generando reacciones como problemas dermatológicos, cardiovasculares, malformaciones, reproductivos, enfermedades cancerígenas, hipertensión infantil”.

Los fundamentos están sustentados en la Constitución Nacional, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, en el Pacto de San José de Costa Rica, en el Convenio sobre la Biodiversidad y en las Constituciones de las provincias de Tucumán, Salta y Catamarca.

El fiscal Gómez, curiosamente, tiene sobre sus espaldas un pedido de destitución que fueron motorizados por el gremio de judiciales de Tucumán (porque quieren un “fiscal amigo” en ese lugar) y no por la Alumbrera que sin embargo no oculta su encono con Gómez. Los querellantes aseguran que el fiscal Gomes es la Ýnica cara visible de la justicia en la que confían y que el pedido de la destitución responde a presiones políticas de las compañías así como de algunos funcionarios vinculados al área.

Marcela López Perdomo, fragmento del artículo publicado en el Diario Miradas al Sur, del 24 de Agosto de 2008.